La Ley de Mecenazgo podría ser clave en la lucha contra la pobreza
Por: Gonzalo Fanjul | 24 de febrero de 2012
Cuando esta crisis haya pasado, el sector social que lucha contra la pobreza dentro y fuera de España se va a parecer poco a lo que conocimos. Muchas organizaciones desaparecerán, pero otras se adaptarán a un modelo más comunitario (o anglosajón) en el que la ausencia del Estado obliga a ONG y ciudadanos a jugar un papel más relevante en la resolución de sus propios problemas. Se trata de un fenómeno que tiene riesgos evidentes –sobre todo cuando se extiende a servicios básicos como la salud o la educación-, pero resulta hasta cierto punto necesario en una sociedad tan anestesiada como la nuestra.
Si esto es cierto, la discusión de una nueva Ley de Mecenazgo (que podría ver la luz en muy poco tiempo) toma una importancia extraordinaria. Al fin y al cabo, es una herramienta que puede incrementar de manera exponencial la financiación privada de actividades de interés general (ver aquí una pieza al respecto de David Camps, experto en Fundraising). Hasta ahora el debate público ha estado muy centrado en las implicaciones para el sector cultural, pero parece haber un consenso político en que sus efectos alcancen a otros ámbitos como el deportivo o el social, que es el que a este blog le interesa.
No les aburro con los detalles, pero la contribución estrella de la ley estaría en las desgravaciones fiscales para las donaciones, que se doblarían: de la desgravación actual del 35% para los individuos (25% en el caso de las empresas), hasta un jugoso 70% (60% para las empresas). También se doblaría la base de la cuota hasta el 20%. Dicho en términos castizos, un verdadero caramelo para futuros mecenas, cuyas contribuciones serían mucho menos costosas. En Francia –donde este tipo de medidas fueron introducidas en 2003-, las desgravaciones provocaron un incremento sustancial de las donaciones privadas (un 60% en solo dos años, en buena medida gracias a PYME).
Más allá de la transferencia de recursos económicos, este tipo de estímulos puede generar importantes beneficios asociados. La colaboración entre la iniciativa pública y privada ha supuesto un verdadero soplo de aire fresco en algunos ámbitos complejos de la lucha contra la pobreza, como el de las enfermedades olvidadas. La donación y las colaboraciones pro-bono actúan como un puente por el que transitan otras ventajas de doble vía, como la transferencia de conocimiento, la innovación o la transformación de los modelos de negocio de las empresas. Por no hablar de las exigencias que implicará para culturas asociativas poco transparentes y meritocráticas.
Pero sería peligroso ignorar los riesgos de un movimiento de este tipo. Es comprensible que un Gobierno que se levanta cada mañana anunciando un nuevo recorte tenga interés en generar como sea fuentes alternativas de financiación que eviten el naufragio social al que nos enfrentamos. Pero, en la medida en que una retirada tan abrupta del Estado sea definitiva, la Ley de Mecenazgo y sus similares se convierten en un modo tramposo de escamotearnos un debate esencial sobre la sociedad que queremos.
El segundo riesgo está relacionado con el peso determinante que podrían jugar los donantes en las futuras estrategias sociales. Es evidente que una empresa se cuidará mucho de apoyar a organizaciones que desarrollen campañas de denuncia contra otras empresas, o que tratará de influir la posición de las ONG que financia. Del mismo modo, existe el riesgo de que algunas actividades sociales importantes pero de poco lustre (como la lucha contra la prostitución, por ejemplo) queden huérfanas de apoyo, mientras otras concentran buena parte de los recursos.
El modo de evitar estas nuevas desigualdades es, en primer lugar, garantizar una participación equilibradora del Estado. En segundo lugar, es imprescindible estimular las contribuciones directas de los ciudadanos, mucho más independientes a la hora de decidir y gestionar sus donaciones. Por eso es tan importante la propuesta que ha realizado el Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en su proposición de ley sobre este asunto: garantizar que las contribuciones individuales de menos de 150 euros queden exentas al 100% en el IRPF.
Este tipo de medidas pueden ser el estímulo necesario para despertar a una sociedad que en este momento está dormida: de acuerdo con el Perfil del Donante elaborado por la Asociación Española de Fundraising, 3,6 millones de ciudadanos de nuestro país hicieron contribuciones en 2010… pero, ay, 1 de cada 2 españolitos no ha hecho una sola donación en su vida ni tiene intención de hacerla. A por ellos.

Fuente : http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/02/la-ley-de-mecenazgo-podria-ser-clave-en-la-lucha-contra-la-pobreza.html